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Juez de Florida bloquea iniciativa del gobierno de Biden que libera a migrantes que buscan asilo en la frontera
Bajo la denominada catch and release, ciertos solicitantes de asilo que no representan una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza de Estados Unidos, son liberados bajo el Programa Alternativa de Detención (ATD) en espera de la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
Un juez federal en Florida bloqueó este miércoles una parte clave de la política migratoria del gobierno de Joe Biden, que permite a las autoridades federales poner en libertad condicional a migrantes que piden asilo en la frontera y sus casos referidos a los tribunales de inmigración para que un juez decida su futuro en el país.
Bajo la llamada política del “catch and release” o también conocida como “Parole + ATD”, los solicitantes de asilo son liberados bajo el Programa Alternativo de Detención (ATD) por medio del pago de una fianza y monitoreados con grilletes electrónicos y teléfonos celulares mientras esperaban el juicio para decidir su estatus.
El juez federal T. Kent Wetherell, de Tallahassee, Florida, nombrado por el expresidente Donald Trump, argumenta en su fallo que el gobierno de Biden está violando la ley de inmigración al autorizar la liberación de decenas de miles de migrantes en territorio estadounidense bajo programas similares a la libertad condicional mientras se procesan sus casos de asilo.
Wetherell dictaminó que la decisión del gobierno demócrata, de priorizar programas que promuevan alternativas a la detención, ha “convertido la frontera suroeste en una línea sin sentido, en vez de un obstáculo para los extranjeros que inundan el país”.
Además, el juez dijo que la medida había contribuido a la degradación de la frontera, un argumento planteado por el estado de Florida, gobernado por el republicano Ron DeSantis, en la demanda contra esta parte de la polìtica migratoria de Bider.
La decisión de la corte no entrará en vigor de inmediato. El tribunal presidido por Wetherell otorgó un plazo de siete días al gobierno para apelar la decisión y presentar argumentos que defiendan su política.
Florida aplaude el fallo
Tras el veredicto, la fiscal general de Florida celebró la decisión. “El fallo de hoy afirma lo que hemos sabido todo el tiempo, el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro”, dijo la fiscal general Ashley Moody, en un comunicado.
Florida, junto a texas, lidera un grupo integrado por una veintena de estados republicanos que se oponen a la polìtica migratoria de Biden y defienden la polìtica migratoria de tolerancia cero del expresidente Trump, quien durante sus mandato y sin éxito intentó eliminar el catch and release, pero los tribunales de justicia fallaron en su contra. Para el exmandatario la política en cuestión, que data de los años 90 y fue autorizada por el Congreso, constituyó un obstáculo para el desarrollo de su agrevisa y cuestionada política antiinmigrante.
El fallo del juez de Florida es un golpe a la iniciativa gubernamental que tiene como uno de sus principales objetivos descongestionar los centros de detención para migrantes, abarrotados por el constante flujo de personas que intentan llegar a la frontera suren busca de asilo pedir asilo.
La administración había estado usando cada vez más el programa ATD, que según el estatuto se supone que debe usarse “caso por caso por razones humanitarias urgentes”.
Durante el año fiscal 2022, agentes federales llevaron a cabo 2,378,944 arrestos en la frontera con México, frente a 1,734,686 detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
Más de 500,000 migrantes en libertad condicional
Alrededor de medio millón de inmigrantes indocumentados que se hallaban bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en los últimos dos años han pasado por el Programa ATD.
Los datos obtenidos por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC en inglés) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revelan que 480,301 personas se han inscrito en el programa de monitoreo electrónico de ICE entre agosto de 2020 y junio de 2022.
Muchas de estas personas, “alrededor de 196,000, antes de junio se hallaban activos en ATD, pero desde entonces han dejado de ser monitoreados por el programa mientras que 284,000 inmigrantes todavía estaban registrados” (a finales del primer semestre de 2022).
De acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada el pasado martes, muestra que los votantes estadounidenses apoyan la idea de reducir la cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo que pueden ingresar al país. Aproximadamente cuatro de cada 10 adultos estadounidenses dicen que el nivel de inmigración y solicitantes de asilo debería reducirse, mientras que aproximadamente dos de cada 10 dicen que debería aumentar. Alrededor de un tercio quiere que las cifras se mantengan igual.
A principios de febrero, el Departamento de Seguridad nacional (DHS), dijo a Univision Noticias que ese ministerio “continuaba procesando de manera segura, eficiente y efectiva a las personas que se encuentran en la frontera”. Y que, debido al aumento en el número de inmigrantes, “los componentes del DHS pueden facilitar la liberación provisional de los no ciudadanos que están en proceso de deportación en espera de los próximos pasos en sus procedimientos de inmigración”.
En cuanto a las personas que son liberadas provisionalmente de la custodia bajo el Programa ATD, aseguró que estas “continúan con sus procedimientos de expulsión de inmigración y tienen requisitos estrictos de presentación de informes”.
Un portavoz dijo además que, “tal como se menciona en el plan de seguridad fronteriza, el DHS ha aumentado los recursos para administrar el procesamiento seguro, ordenado y humano de una gran cantidad de no ciudadanos de conformidad con nuestras leyes, al tiempo que protege la seguridad nacional y pública. Simultáneamente, el DHS continúa administrando las consecuencias de la entrada ilegal, incluida la deportación, la detención y el enjuiciamiento”.
Qué defiende Biden
El 2 de febrero de 2021, dos semanas después de asumir el control de la Casa Blanca, Biden firmó tres órdenes ejecutivas para revertir las principales medidas migratorias ejecutadas por su antecesor en los anteriores cuatro años en la frontera:
- Crear una fuerza de trabajo para la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno de Trump al momento de pedir asilo en la frontera;
- Crear un marco de trabajo integral para ver las causas de la inmigración hacia Estados Unidos y crear un proceso seguro para las personas que buscan asilo; y
- Restaurar la fe en el sistema migratorio legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.
Biden dijo que los decretos no constituyen nuevas leyes de inmigración, sino que se trata de órdenes para deshacer y permitir una revisión “completa de las políticas peligrosas y contraproducentes” adoptadas por el gobierno de Trump.
Además de deshacer la política de tolerancia cero, Biden propuso crear un sistema de asilo humano basado en tres partes para garantizar una migración segura, legal y ordenada. El plan original contemplaba:
- Abordar las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente expulsa a los migrantes de sus hogares;
- Colaborar con socios regionales, incluidos gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de otros países para brindar protección y oportunidades a los solicitantes de asilo y migrantes más cercanos a sus hogares; y
- Garantizará que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales hacia Estados Unidos.
Dos años más tarde y debido a los altos números de detenciones en la frontera, el 5 de enero Biden corrigió parte de su política estableciendo un nuevo programa para inmigrantes procedentes de Cuba, Haiti y Nicaragua quienes, antes de viajar a Estados Unidos, deben contar con un patrocinador autorizado por el DHS y solo pueden entrar al país por vía aérea. Venezuela participa en el programa desde el 12 de octubre del año pasado.
En cuanto al resto de indocumentados o personas que no tengan patrocinador autorizado, deben acceder a la página digital CBP One y calificar para alguno de los programas legales activos y conseguir una orden de presentación en un puerto de entrada autorizado. Quienes no lo hagan de esa forma serán deportados de manera expedita bajo el Título 42 por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia, y después del 11 de mayo bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración por razones de inadmisibilidad.
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