La guía advierte además que “los tribunales deben mantener los casos en el calendario hasta que haya transcurrido el período de 60 días” y el inmigrante o su abogado no hayan respondido al anuncio.
De acuerdo con la base de datos de USCIS, a finales de marzo la agencia tenía 1,622,266 Formularios I-130 (peticiones familiares de ajuste) acumulados y 90,647 Formularios I.140 (peticiones de ajuste laborales) en espera de resolución.
¿Y las prioridades de deportación?
A la pregunta de si las prioridades de deportación del gobierno de Biden, bloqueadas por orden judicial, cambia el escenario dibujado por la guía del 26 de abril, Guerrero dijo que “los jueces de inmigración todavía tienen la discrecionalidad de sacar del calendario maestro casos pendientes y que otorguen un beneficio migratorio, como la petición familiar”.
“La decisión de los tribunales de justicia de dejar sin efecto las prioridades de deportación del gobierno no altera el contenido de la guía del juez jefe de inmigración de abril”, indicó.
En julio, la Corte Suprema, en un fallo 5-4, negó un recurso de emergencia solicitado por el gobierno para restablecer de inmediato la política de prioridades de deportación dictadas a finales de septiembre del año pasado mientras revisa la totalidad de un proceso en el que dos cortes de apelaciones dictaron fallos contrarios.
Sin embargo, el máximo tribunal de justicia dijo que escuchará los méritos del caso en diciembre, cuando celebre una audiencia para que los abogados de ambas partes en el proceso presenten sus argumentos orales.
Con esta decisión, el máximo tribunal de justicia se negó a suspender una sentencia emitida en junio por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión.
El recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, quien anuló las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Guerrero dijo que la guía del 26 de abril no se altera por la decisión de la Corte Suprema y que los jueces de inmigración siguen teniendo amplia discrecionalidad para eliminar casos del calendario maestro de la Corte de Inmigración y tienen peticiones de ajuste pendientes ante el servicio de inmigración.
Fuente: Univision.com
